Mientras las economías globales se resienten por los efectos de las medidas para contener el Covid-19 y, al mismo tiempo, los precios del petróleo se han desplomado, porque la OPEP y Rusia se han enzarzado en una guerra de precios, Colombia sigue avanzando en sus pruebas pilotos para el uso de fracturación hidráulica en yacimientos no convencionales (fracking). La desconfianza de la sociedad civil y varios sectores políticos es entendible, en medio de la emergencia climática y de una práctica que cada vez es más vista en otros países, pero sigue siendo necesario tener datos de los efectos que implementar el fracking puede tener en Colombia. La experimentación se debe poder hacer cuanto antes.

Ha sido un largo camino. Desde que el gobierno de Iván Duque anunció estar abierto a la posibilidad de usar el fracking, la oposición ha sido férrea en varios sectores de la población. Incluso, antes de llegar a la presidencia, el ahora presidente se había expresado en contra del uso de esta técnica en el país. Sin embargo, la amenaza inminente contra la independencia energética es latente.

El tema es el siguiente. Como ha explicado Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, si el país tuviera que importar petróleo para cargar las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena (que tienen una capacidad de 380.000 barriles diarios) y así suministrar el combustible que requiere Colombia, se tendría que disponer de recursos por el orden de los $30 billones anuales. En el mismo sentido, en entrevista reciente con El Tiempo, la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, dijo que “por primera vez tenemos menos de diez años de reservas de gas y las proyecciones de producción y demanda, de no desarrollar nuevas fuentes, indican que necesitaremos importar gas a partir de 2024. Es decir, estamos en un momento crucial frente a la autosuficiencia energética del país”.

Fuente: El Espectador

Para leer la columna, por favor hacer clic acá