En Colombia se estima que más de 1,2 millones de familias cocinan exclusivamente usando leña y cerca de 1,6 millones de hogares serían los que usan una mezcla entre leña y otro combustible, como carbón. Si bien el país ha mejorado en las cifras de uso de este combustible para la cocción, lo cierto es que aún permanece su incidencia, especialmente en las zonas rurales.

El gobierno ha buscado acciones que permitan disminuir su uso, por medio de combustibles más eficientes y menos contaminantes. Para esto se ha trazado metas, relacionadas con el cumplimiento del Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que por ejemplo, plantea que a 2030 haya un acceso universal a servicios energéticos seguros y económicos.

En este contexto la Upme y el Ministerio de Minas y Energía presentaron a consulta el Plan Nacional de Sustitución de Leña para la Cocción de Alimentos. Este documento presenta una serie de acciones para ejecutar entre 2023 y 2050 con las cuales se lograría el reemplazo de la leña en los hogares colombianos, así como otros combustibles ineficientes.

Este propone cuatro pilares para hacer la sustitución, el primero de ellos es la seguridad, confiabilidad y acceso sostenible a energéticos limpios, para el cual se plantea como objetivos identificar soluciones eficientes, aprovechar las potencialidades en los territorios y buscar estrategias financieras para garantizar el acceso a estas alternativas.

El segundo es la mitigación de emisiones que pretende desincentivar la deforestación derivada del uso de leña e impulsar la economía circular.

En tercer lugar, el Plan establece como pilar la investigación e innovación con el fin de “estimular tanto la producción de energéticos limpios, como el desarrollo de tecnologías eficientes”.

El último pilar está relacionado con el cuidado de la salud que busca “alinear esfuerzos entre los sectores de energía, ambiente y salud para prevenir la incidencia de morbilidad y mortalidad asociada al uso de leña”.

De acuerdo con datos de la Agencia Internacional de Energía (IEA por sus siglas en inglés), el país tiene una permeación de 66% de combustibles limpios en zonas rurales para cocinar. Es decir, el uso de gas licuado de Petróleo (GLP), así como electricidad, como se evidencia en el gráfico.

El objetivo que se traza la Upme es cubrir de forma progresiva los hogares que aún no tienen fuentes eficientes y limpias. A 2026 esperan que 11,6% de los hogares que aún no los usan se hayan cambiado; para 2030, la participación sería de 39,3% y en 2050 sería de 100%.

Dentro de las fuentes de sustitución que propone la entidad se encuentran el GLP, el gas natural, la electricidad y el biogás.

La estrategia estará enfocada especialmente en las dos primeras mencionadas. De hecho, juntas sumarían 66,4% de las conexiones a 2050 y sería el GLP el de mayor incidencia con 37,1% de los hogares. En el caso de las conexiones por extensión de las redes de gas natural, la Unidad espera que con este se logren 29,3% de las familias; seguido por electricidad que sería el 22,9% de los hogares y por último con biogás esperan que se conecten 10,8%.

En total, se espera que 1,69 millones de hogares cambien el uso de leña, carbón y otros combustibles contaminantes por opciones más limpias.

Si bien no hay una inversión definida para este plan, el documento sí establece que sería el Departamento Nacional de Planeación (DNP) el encargado de definir esta cifra.“El acompañamiento se realizaría de manera focalizada en aquellas zonas del país en las cuales se registra mayor intensidad en el uso de combustibles ineficientes”, asegura el Plan. Es decir, los departamentos de La Guajira, Córdoba y Cauca serán los que primero tendrán el acompañamientos de las entidades a cargo de ejecutar la estrategia.

Por intensidad les siguen Nariño, Antioquia, Santander, Sucre, Bolívar y Boyacá. Con la sustitución de esta fuentes contaminantes, la Upme estima que haya una serie de beneficios asociados. El primero es relacionado con la tala de árboles para su uso como combustible, entre 2023 y 2050, la entidad apunta a que se dejen de consumir 36,2 millones de toneladas de este material vegetal. Que se deje que talar esto significan beneficios de hasta $11.000 millones para la sociedad.

Así mismo, considera que se dejarán de emitir cerca de 37,4 millones de toneladas de CO2 equivalentes entre 2035 y 2050.

Uno de los beneficios para los hogares está relacionado con la liberación de tiempo, pues se estima que los hogares que usan este energético destinan 14 horas mensuales.

Por último destacan que se reducirá la morbilidad asociada con infecciones respiratorias agudas, que tienen especial incidencia en los niños y en las mujeres que son las que principalmente hacen uso de este energético. 

Las entidades que trabajarán para lograr este objetivo

La Upme define que hay una serie de aliados estratégicos en este objetivo trazado. Por una parte define los sectoriales dentro de los que se encuentra la misma Upme, el Ministerio de Minas y Energía, gremios y empresas productoras, transportadoras, distribuidoras y comercializadoras tanto de gas como de energía.

 

Sin embargo, también establece que a nivel intersectorial habrá otras entidades que jugarán un rol importante en la implementación de esta meta. En primer lugar señalan que el Departamento Nacional de Planeación como líder de la formulación del Plan Nacional de Desarrollo analiza los subsidios así como los requerimientos de inversión pública. Aparecen algunos Ministerios como el Ambiente, Salud, Vivienda y Agricultura, que desde su debido campo de acción harán su aporte en lograr este objetivo. Así mismo plantea que el trabajo de los gobiernos locales, como alcaldías y gobernaciones será fundamental para gestionar recursos.

Fuente: Portafolio

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